Para enfrentar los graves problemas, obstáculos, brechas, desigualdades y vulneraciones en materia de salud, nutrición, educación, cuidados, bienestar y seguridad que aquejan a las niñas y los niños más pequeños de nuestro país y que sistemáticamente les impide el disfrute efectivo de sus derechos a la supervivencia, al desarrollo y la protección, así como desarrollar su pleno potencial, el Pacto por la Primera Infancia plantea un conjunto concreto de compromisos que buscamos que se apropien y suscriban las y los candidatos de todas las fuerzas políticas que compiten para algún puesto de elección popular.
Esto para que, una vez en el ejercicio de sus responsabilidades y como parte de su agenda de trabajo, impulsen con carácter estratégico y prioritario acciones concurrentes en beneficio de todas las niñas y los niños en primera infancia al modificar favorablemente su realidad.
Los compromisos se plantean a manera de metas, de manera que son específicas, medibles y con un horizonte temporal al 2030. Buscan ser un referente ambicioso, pero realista de la visión de hacer de México el mejor país para nacer y crecer, y por tanto que oriente los esfuerzos gubernamentales al brindar coherencia y claridad a los cambios que queremos impulsar.
Además, las metas cuentan con un conjunto de 31 indicadores que permitirán medir periódicamente el avance o retroceso de las políticas enfocadas a avanzar en la solución de los problemas públicos asociados a la niñez temprana en México, así como evaluar el cumplimiento del objetivo y compromiso de hacer de la primera infancia una prioridad nacional.
En este sentido, las metas que impulsamos desde el Pacto por la Primera Infancia son las siguientes:
1. Disminuir a 40% la pobreza y a 9% la pobreza extrema en primera infancia.
2. Reducir a 8% la desnutrición crónica y a 5% la anemia, y la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de 5 años.
3. Incrementar a 75% la lactancia en la primera hora de vida y a 50% la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses.
4. Lograr que 90% de niñas y niños de 1 y 2 años reciban todas sus vacunas.
5. Aplicar el tamiz neonatal a al menos a 90% de los recién nacidos y brindarles atención especializada; incrementar a 80% la educación y salud para niños con discapacidad.
6. Incrementar a 90% el porcentaje de menores de 5 años con un adecuado desarrollo infantil temprano y a 50% las evaluaciones de desarrollo anual.
7. Lograr que 20% de menores de 3 años reciban educación inicial.
8. Asegurar que 85% de las niñas y los niños a partir de los 3 años reciban educación preescolar con calidad.
9. Alcanzar a 30% de las familias con programas de habilidades parentales para una crianza cariñosa y sensible.
10. Lograr que 90% de niñas y niños estén inscritos en el registro civil antes de cumplir 1 año y que a los 5 años todos se encuentren registrados.
11. Disminuir en 20% el uso de métodos violentos de disciplina y en 50% la violencia sexual y las desapariciones de menores de 6 años.
12. Incrementar en 10% la participación de madres y padres en actividades de juego con sus hijas e hijos menores de 5 años, así como incrementar la disponibilidad, acceso y calidad de espacios públicos para el juego de la primera infancia
Es importante señalar que la meta relativa al juego entre niños y sus padres es producto de la propia expresión de niñas y niños en primera infancia que, en diversos ejercicios de consulta infantil, entre ellos de manera pionera el primer Ejercicio de Participación Ciudadana por la Primera Infancia conducido por el Pacto, señalaron como la mayor necesidad infantil pasar más tiempo con su familia y que el principal motivo de felicidad es la posibilidad de juego y esparcimiento.
Es fundamental que las niñas y los niños sean respetados, escuchados y se les estimule de forma constante para conversar y expresar sus ideas, opiniones, preferencias y las situaciones que les desagradan como parte de una crianza positiva por parte de madres, padres y cuidadores.
Se debe garantizar el derecho a la participación permanente y activa de niñas y niños, durante el proceso de diseño e implementación, en virtud de la responsabilidad del Estado para garantizar plenamente este derecho, a través de la creación de espacios y modalidades de participación en los procesos de decisión y ejecución de las políticas de primera infancia.1
- La obligación para incorporar este derecho se encuentra contemplado en diversas disposiciones del marco jurídico nacional e internacional: Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (artículo 12), Observación General No. 7. Realización de los derechos del niño en la primera infancia, Observación General No. 12. El derecho del niño a ser escuchado y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ↩︎
