Desde hace varios años, en la región latinoamericana cada vez es más claro y contundente el consenso de que la atención de la primera infancia debe ser un tema prioritario en la agenda política y social de los Estados, porque invertir en este período fundamental de la vida contribuye a garantizar los derechos de los niños y niñas, a la formación de capital humano, y a generar condiciones para la construcción de sociedades más justas, equitativas e incluyentes en la región. Sin embargo, si bien es cierto que los países han dedicado de manera progresiva y sostenida esfuerzos y recursos para ampliar la cobertura y fortalecer la calidad de los servicios para la atención de los niños y niñas menores de 6 años, aún persisten grandes retos en la apuesta por garantizar sus derechos y favorecer su desarrollo integral.
En este contexto, en 2017 representantes gubernamentales de 11 países, entre ellos México, de organismos multilaterales de cooperación, organizaciones de la sociedad civil y académicos acordaron la Agenda Regional para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que busca orientar los esfuerzos y promover la colaboración de los países en los procesos de reformas institucionales para el fortalecimiento y la sostenibilidad de las políticas públicas de primera infancia. La Agenda define cuatro ámbitos en las que los firmantes acuerdan priorizar sus esfuerzos: 1) intersectorialidad y financiamiento; 2) calidad de los servicios de desarrollo infantil; 3) medición del desarrollo infantil, y 4) colaboración y alianzas.
De manera reciente, el Pacto por la Primera Infancia y Mexicanos Primero, presentamos el Segundo Informe de Progreso de Políticas de Primera Infancia de nuestro país. Se trata de un informe de claroscuros: por una parte, tenemos avances trascendentales e incluso parteaguas para el desarrollo integral de la primera infancia, pero también retos complejos que requieren atención urgente y prioritaria.
Respecto al primer acuerdo, México cuenta con un marco legal e institucional para el desarrollo infantil, así como por primera vez una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), resultado de la suma de los esfuerzos y visión compartida del gobierno y la sociedad civil con el propósito de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas y los niños menores de 6 años, atendiendo las brechas de desigualdad. Además, existe una mayor claridad sobre la magnitud y destino de los recursos públicos destinados a la primera infancia; sin embargo, resultan aún insuficientes para garantizar integralmente los derechos de las niñas y niños menores de 6 años, pues tan sólo se invierte el 0.5% del PIB y el 2% del total del gasto público. Los principales desafíos identificados son la necesidad de incrementar la magnitud y calidad de la inversión pública para la primera infancia y diseñar un programa presupuestario para la ENAPI que asegure su continuidad y fortalecimiento.
En cuanto al segundo acuerdo, en nuestro país se realizaron acciones para mejorar los servicios destinados a las niñas y los niños menores de 6 años, desarrollándose, en algunos casos, estándares de calidad. Asimismo, se publicó una Política Nacional de Educación Inicial que reconoce la necesidad de mejorar la calidad; sin embargo, estos instrumentos no se han consolidado ni han tenido el impacto esperado debido a diversas decisiones de las autoridades federales. De tal manera que se necesita reconocer un marco común para todas las modalidades de educación inicial con las que cuenta el país, sin él seguiremos alimentando modelos institucionales diferenciados, además de que urge que la autoridad educativa federal promulgue el Plan de Implementación de la Política Nacional de Educación Inicial, el cual contempla las acciones necesarias para avanzar en la mejora de los servicios de atención de calidad que las niñas y niños merecen.
En cuanto a la medición del desarrollo infantil, en México se ha consolidado la medición periódica del desarrollo infantil temprano a través de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), cuyos resultados son confiables y válidos, además de permitir comparabilidad a nivel internacional. Sin embargo, es necesario avanzar hacia una mayor representatividad a nivel subnacional de la información, así como su uso generalizado para fortalecer las intervenciones orientadas al desarrollo integral de la primera infancia.
Finalmente, en lo relativo al acuerdo de colaboración y alianzas, el Pacto por la Primera Infancia se ha consolidado como el colectivo más grande del país con incidencia directa en la agenda de primera infancia; así como en las políticas públicas dirigidas a niñas y niños menores de 6 años de los tres órdenes de Gobierno. Con cierta dificultad se va instalando la convicción de que las organizaciones de la sociedad civil pueden ser un factor clave para el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños e involucrar círculos ampliados de aliados para que el desarrollo integral de la primera infancia se asuma como una tarea de todos. De tal manera que es indispensable lograr mecanismos permanentes de diálogo con las autoridades gubernamentales.
Como es posible advertir, nuestro país observa cambios favorables para impulsar el desarrollo integral de la primera infancia, pero sobre todo un conjunto de enormes desafíos que obligan de manera urgente a redoblar los esfuerzos y recursos, sobre todo gubernamentales, para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos de la Agenda Regional y que permita garantizar, de manera universal, el ejercicio efectivo de todos los derechos de las niñas y niños en primera infancia.
