El mundo no deja de sufrir los estragos de la pandemia del coronavirus, desde su irrupción a nivel global se han contagiado 456 millones de personas y 6 millones han perdido la vida. En el caso de México, de acuerdo con cifras oficiales, caracterizadas por el subregistro, 5.6 millones se han contagiado y registra 321 mil defunciones. Una verdadera tragedia.
Pese a este dramático escenario, existe un sector de la población que ha padecido la invisibilización o cuando menos una ominosa minimización gubernamental sobre las agudas afectaciones a la vida y salud como consecuencia de la pandemia. Se trata de niñas y niños, en particular de la primera infancia.
El desolador panorama señala que, del 12 abril de 2020 al 13 de marzo de 2022, se han registrado 341 mil 402 casos confirmados de Covid-19 en niñas, niños y adolescentes, tanto por laboratorio como por asociación clínica. De los cuales el 16% corresponde a niños de 0 a 5 años, el 28% a niños entre 6 y 11 años y el restante 56% a adolescentes.
En cuanto al número de fallecimientos, al mismo periodo, se han registrado desafortunadamente mil 231, de las cuales el 52% son niños en primera infancia, el 14% de niños de 6 a 11 años y 34% a adolescentes. Es decir, la primera infancia tiene una menor proporción en los casos de contagio entre la población de 0 a 17 años; sin embargo, la mayor letalidad se identifica este grupo etario: 1 de cada 2 fallecimientos por Covid en menores de 18 años tiene como víctimas a niños menores de 6 años.
Por otra parte, es evidente el preocupante incremento en el número de contagios en menores de edad, el cual coincide con la irrupción en nuestro país de la variante Ómicron. En lo que va del año 2022 se han registrado 122 mil 731 nuevos casos de contagios en menores de 18 años, lo que representa que tan sólo en las últimas 10 semanas se ha contabilizado el 36% del total de contagios desde que irrumpió la pandemia, hace casi dos años. En pocas palabras, en 2022 en promedio al día mil 700 menores de 18 años se han contagiado por Covid-19.
En tanto que en el trágico caso de defunciones, la tendencia también se ha incrementado alarmantemente: 263 niñas, niños y adolescentes han fallecido por Covid en 2022, en promedio casi 4 al día, lo que representa que tan sólo en los primeros 72 días del año se ha contabilizado el 21% del total de defunciones en menores de 18 años desde el inicio de la pandemia.
Pese a esta contundente y dolorosa evidencia, el gobierno continúa subestimando las graves afectaciones a la vida y salud de la niñez mexicana, omitiendo su responsabilidad y obligación de garantizar su derecho a la salud, al excluirlos de la oportunidad de acceder a la vacunación universal que la protejan del Covid-19, vacunando únicamente a adolescentes mayores de 15 años y con comorbilidades fehacientemente acreditadas a partir de los 12 años.
Decisión y acción públicas, por cierto, que van a contracorriente de la creciente evidencia internacional que señala que cada vez más países, de manera soberana, han comenzado a priorizar la salud y bienestar de su infancia temprana, al contemplar su vacunación como parte de su estrategia anti Covid, a partir del reconocimiento de que los niños tienen también probabilidades de infectarse y pueden enfermarse gravemente a causa del virus, sufrir graves complicaciones de salud a corto y largo plazo.
En este sentido, tan sólo en el continente americano destacan los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela que aplican la vacuna en niños a partir de los 2 años. Argentina, Chile y Colombia a partir de los 3. En tanto que Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Estados Unidos a partir de los 5 años, este último, por cierto, de manera reciente anunció que la vacuna podría estar disponible para niños de entre 6 meses y 5 años.
Ante este panorama, es urgente e indispensable que la Política Nacional de Vacunación contra el Covid corrija la violación de los derechos humanos de la infancia, incluyendo la vacunación a los niños entre 5 y 14 años, en apego a los artículos 1º y 4º constitucionales, que establecen que toda persona tiene derecho a la salud.
