Desde hace varios años desde el Pacto por la Primer Infancia hemos insistido con robusta evidencia que la inversión pública suficiente, sostenida y de calidad que financie políticas públicas bien diseñadas e implementadas en beneficio de las niñas y niños menores de 6 años tiene altas tasas de retorno debido a sus múltiples beneficios y oportunidades en todos los ámbitos, no sólo para los niños, familias y comunidades, sino al país en conjunto en materia de salud, educación, ingreso, productividad, igualdad y seguridad.
En este sentido, el escenario presupuestal para la primera infancia para el 2025, con el primer presupuesto elaborado por la nueva administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, comprometida explícitamente con las niñas y niños menores de 6 años del país, apunta a que por 5º año consecutivo se incrementará nominalmente el presupuesto para ellos, al proyectarse una asignación presupuestal de $202 mil 513 millones, lo que implica un incremento nominal del 6% y real del 2% con $10 mil 601 millones adicionales respecto al año anterior.
Sin duda, el país ha avanzado paulatinamente en conocer y reconocer la importancia estratégica de incrementar la magnitud y calidad de la inversión en la primera infancia; sin embargo, aún nos encontramos lejos de considerar que es una prioridad gubernamental y presupuestal, así como ser suficiente para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas las niñas y niños menores de 6 años, como consecuencia de los múltiples obstáculos, retos e incluso retrocesos presupuestales que desafortunadamente siguen vigentes y que delinean un panorama de claroscuros.
Por una parte, para el 2025 se advierten incrementos importantes en varios programas que benefician a la primera infancia. Por ejemplo, en materia de educación, la transformación de la Becas de Educación Básica Benito Juárez a la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, implica un incremento presupuestal del 7% real. Así como el Fondo de Aportaciones Múltiples-Infraestructura Educativa Básica del Ramo 33 que aumentará en 8%.
En materia de salud, se proyectan un aumento relevante del presupuesto del programa Atención a la Salud del IMSS del 74% real, con más de $9,600 millones adicionales, así como del programa Fortalecimiento a la Atención Médica del recién creado IMSS-Bienestar, que acerca los servicios de salud a la población que vive en zonas marginadas o de difícil acceso, aumenta en 97% en términos reales. Finalmente, en materia de cuidado infantil, los servicios que ofrece, tanto el IMSS como el ISSSTE se incrementarán en 4% y 14% respectivamente.
En contraste, el programa de Educación Inicial y Básica Comunitaria que ofrece servicios educativos a niñas y niños de localidades de alta marginación y rezago social, se reducirá en 5% real. También, el Programa Expansión de la Educación Inicial, que busca incrementar progresivamente la cobertura de este tipo de educación obligatoria por mandato constitucional en niños de hasta 3 años, también se contrae en 3%, lo que es un serio obstáculo para garantizarla, además de que no son identificables $200 millones que, de acuerdo al propio Decreto de Presupuesto, deberán ser dirigidos para el fortalecimiento de los servicios personales para las acciones de la expansión de la educación inicial.
Además, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras proyecta un presupuesto de $2,500 millones, lo que implica un incremento, pero de apenas del 0.3% en términos reales y que dista del presupuesto señalado de $3,185 millones en la Carta de la Presidenta contenida en el paquete económico.
Finalmente, otra grave reducción presupuestal que afectará de manera directa a la primera infancia, es el Programa de Vacunación: se proyecta un decremento del 18% real con $260 millones menos, además de que el presupuesto total del programa disminuirá 69% en términos reales con $9 mil 459 millones menos que en 2024. Lo cual resulta a todas luces insuficiente para contrarrestar la pérdida de efectividad que ha padecido desde hace lustros como lo reflejan las abruptas caídas en las coberturas de vacunación en niños de 1 y 2 años, lo que significa obstáculos para proteger y garantizar el derecho fundamental a la salud mediante la inmunización contra enfermedades prevenibles y con potencial epidémico.
Como es posible advertir, hay avances, pero también obstáculos para incrementar la magnitud de la inversión en primera infancia. Baste señalar que el país tan sólo destina el 0.6% del Producto Interno Bruto para la atención de las niñas y niños menores de 6 años, con los cual seguimos estando rezagados y ser de los países de la región que menos invierte de la riqueza que genera hacia su población más pequeña. Es momento de plantearnos como una meta nacional al 2030, invertir al menos el 1.5% del PIB.
Ante la ventana de oportunidad que representa un nuevo gobierno y legislatura, desde el Pacto por la Primera Infancia, hacemos un respetuoso llamado a las y los diputados, para que durante el proceso de examen presupuestal intervengan en uso de sus facultades exclusivas para mejorar e incrementar la asignación de recursos para avanzar de manera decidida en garantizar de manera integral los derechos de la infancia temprana de nuestro país.
