Nació un par de meses después de que su derecho a la educación inicial estuviera constitucionalmente garantizado, y unos meses antes de que el COVID-19 llegara a México. Más de 3 millones de niñas y niños han nacido en nuestro país durante los años de pandemia por COVID-19 y muchos de ellos han pasado su vida en confinamiento o con limitado acceso a oportunidades de aprendizaje a través del juego y de convivencia con sus pares.
El derecho a la educación inicial está garantizado en el artículo 3 constitucional. En su última reforma —15 mayo 2019— se incorpora a la educación inicial como un derecho de la niñez y explícitamente se señala que la concientización sobre la importancia de la educación inicial es responsabilidad del Estado.
Esto es muy reciente. La forma en como apreciamos a las infancias y su rol en la sociedad ha evolucionado. Por fortuna, con el tiempo se ha visibilizado la importancia de la educación inicial y su diferenciación de la educación primaria, posteriormente se ha dado la distinción entre la educación preescolar y la educación inicial (Boleo, 2008); todo esto a través de importantes reformas y adecuaciones progresivas en las políticas públicas de educación básica.
La recomendación es clara: todos los gobiernos deben reforzar la comprensión sobre los derechos de las niñas y los niños más pequeños y sus obligaciones para atender a la primera infancia (Observación General No. 7, Convención de los Derechos del Niño, UNICEF, 2014). Esto es importantísimo pues las niñas y los niños pequeños tienen necesidades específicas de cuidados físicos, atención emocional, de tiempo y espacio para el juego, la exploración y el aprendizaje.
Ahora bien, ¿qué es la educación inicial y por qué es importante escribir sobre ella? La educación inicial es el nivel educativo responsable de brindar a los bebés y a las niñas y los niños menores de tres años de edad atención profesional, organizada y fundamentada, así como orientación a las madres, padres de familia y adultos que interactúan con ellos (SEP, 2017). Es una etapa tan importante porque durante estos primeros mil días de vida se desarrollan las habilidades superiores del pensamiento —lenguaje, comunicación y pensamiento lógico—, se detonan y articulan todas esas conexiones cerebrales que propiciarán el adecuado desarrollo y bienestar de todas las personas.
La propuesta gubernamental actual es que la educación inicial puede brindarse en modalidad escolarizada y modalidad no escolarizada. La primera brinda atención a niñas y niños desde los 43 días de vida y hasta los tres años en centros de atención habilitados para otorgar diariamente cuidados y educación en horarios determinados. En cambio, la modalidad no escolarizada busca acompañar a las familias en la crianza, desde el embarazo y durante los primeros mil días de vida, para favorecer su desarrollo integral y garantizar sus derechos, en esquemas flexibles y espacios comunitarios, como aulas, clínicas de salud, casas particulares, o espacios al aire libre (SEP, 2022).
En este andar transformativo de la política pública de educación inicial, la ruta normativa es como una pista de aterrizaje iluminada. La reforma educativa de 2019 permitió que la educación inicial se considerara como parte de la educación básica, lo que la convirtió en obligatoria. Entonces, lo que sigue es que, de forma progresiva, el Estado mexicano genere las condiciones para la prestación universal de este servicio.
Está delineado en la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI), en la Ruta Integral de Atenciones para la Primera Infancia y en la Política Nacional de Educación Inicial. Ya sabemos qué sigue: fortalecer la cobertura y la calidad de los servicios públicos de educación inicial en sus dos modalidades; mejorar las condiciones de infraestructura de estos servicios; desarrollar e implementar programas de orientación a madres y padres de familia sobre prácticas de crianza y educación con enfoque de derechos y cuidado cariñoso y sensible, entre otros. En pocas palabras, se debe consolidar la Política Nacional de Educación Inicial y, para ello, la Secretaría de Educación Pública y toda la Subsecretaría de Educación Básica deben tomar en serio su rol rector en la materia.
El Plan de Implementación de la Política Nacional de Educación Inicial debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 14 de septiembre de 2022. Estamos a mes y medio, y desde la sociedad civil vemos con profunda preocupación que no se han dado las condiciones para avanzar la consolidación de la Política Nacional de Educación Inicial y llevar a cabo los procesos de análisis, diagnóstico y planeación en el territorio. Estos procesos son indispensables para materializar la política y para lograr que todas las niñas y los niños que nacen en México ejerzan este derecho.
Queremos que nuestras hijas, sobrinos y todas las infancias en nuestro país vivan en condiciones de seguridad y bienestar, reciban cuidado cariñoso y sensible a sus necesidades, y tengan las mejores oportunidades para desarrollarse desde su nacimiento. Su derecho a la educación inicial debe ser parte de la política social que realmente transforme al país.
Cada día que se deja pasar, cientos o miles de niñas y niños pierden la oportunidad de contar con los beneficios de la educación inicial, una oportunidad que nunca más tendrán. El tiempo corre y el gobierno de México, a través de la SEP —con sus aliados—, tiene trabajo pendiente para garantizar el derecho a la educación inicial como una prioridad irreductible para la primera infancia.
