Invertir en la primera infancia no es solo un acto de justicia social, sino una estrategia clave para el desarrollo económico y social de México. Según la ecuación de Heckman, cada peso que se invierte en programas públicos de calidad para la primera infancia puede generar hasta trece veces más en beneficios futuros. Además, es el mayor rendimiento a lo largo de la vida. A pesar de este potencial, la primera infancia sigue siendo una de las etapas más desatendidas en términos presupuestales y de políticas públicas en país. Más del 80% de las niñas y niños menores de seis años no acceden a servicios de educación inicial, cifra que refleja la urgencia de actuar.
El análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. muestra un aumento real del 4.3% en los recursos destinados a programas de educación y cuidado para la primera infancia. Aunque este incremento es un avance, se concentra en los centros de atención infantil del IMSS y el ISSSTE, que suelen beneficiar a personas con empleo formal y de ingresos más altos. En contraste, programas fundamentales para las infancias más vulnerables, como Educación inicial y básica comunitaria y Expansión de la Educación Inicial, presentan recortes reales de 1.4% y 4.1%, respectivamente. Esta disparidad refleja un sistema que no prioriza a quienes más lo necesitan.
El compromiso del gobierno, visible en la firma del Pacto por la Primera Infancia y la alineación parcial del Anexo 18 con objetivos del Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA), es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la fragmentación de recursos, la falta de un enfoque integral y la ausencia de un sistema robusto de monitoreo limitan el impacto de estas iniciativas.
Garantizar el interés superior de la niñez, como lo establece la Constitución, requiere un cambio estructural en la planeación y ejecución del presupuesto público. Es crucial incluir a la niñez en cada etapa del ciclo presupuestario; aumentar progresivamente los recursos para la primera infancia, y garantizar que se dirijan a los sectores más desatendidos. También es indispensable mejorar la metodología del Anexo 18, creando un subanexo específico para la primera infancia, e implementar mecanismos de monitoreo que aseguren la efectividad del gasto.
Además, se necesita fortalecer la infraestructura educativa, especialmente en las regiones más rezagadas, y diseñar políticas públicas que integren la educación y el cuidado como elementos inseparables. Una inversión sólida en educación inicial no solo cierra brechas de género al aliviar la carga de cuidado que recae principalmente en las mujeres, sino que también promueve la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida.
La 5ª Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia ha puesto sobre la mesa estas problemáticas, fomentando un debate informado entre legisladores, gobiernos y sociedad civil. Sin embargo, el verdadero reto comienza ahora: traducir estas discusiones en acciones concretas. Invertir en la primera infancia no es solo una obligación moral, sino una decisión estratégica que puede transformar a México en un país más justo, equitativo y próspero.
El llamado es claro: garantizar que cada niña y niño en sus primeros mil días tenga acceso a servicios de calidad que promuevan su desarrollo integral. Legisladores, gobiernos, sector privado y sociedad civil tienen la responsabilidad de trabajar juntos para convertir esta visión en una realidad. El presente y futuro de México depende de las decisiones que tomemos hoy en favor de nuestras infancias.
