La principal herramienta de política pública es el presupuesto, en él se reflejan tanto las prioridades de los gobiernos, como los vacíos, omisiones y deficiencias en la atención a diversos problemas públicos, aún y cuando sean legítimos y obligados de atender como son los asociados a la Primera Infancia, etapa breve y crucial de la vida para formar no sólo individuos sanos física y emocionalmente, educados, productivos y felices, sino también a fin de consolidar sociedades más prósperas, pacíficas e igualitarias.
Pese a los poderosos argumentos científicos y abundantes evidencias sobre la importancia de priorizar e invertir en la Primera Infancia como la fórmula más efectiva, pertinente y de larga duración para resolver de raíz los profundos problemas que sistemáticamente aquejan a nuestro país, aún no logra el peso y relevancia que debería. Prueba de ello es la limitada asignación presupuestal para la atención de niñas y niños menores de 6 años que históricamente han padecido, cabe recordar que en el periodo 2018-2020 los recursos experimentaron una contracción del 29% al disminuir en más de $32 mil 620 millones.
Es de reconocer que de manera reciente se advierten algunos esfuerzos, no exentos de obstáculos, para ampliar la inversión en Primera Infancia, pues durante el 2021 se incrementó un 14% y se proyecta un importante aumento para el 2022, principalmente como consecuencia de una más adecuada redistribución de recursos de programas ya existentes.
Pese a lo anterior, se identifican profundos retrocesos en la previsión presupuestal en algunos programas, principalmente en materia de salud, pues aunque los mismos observan incrementos de recursos, de manera inexplicable excluye a niñas, niños y adolescentes, donde además las afectaciones son mayores para la Primera Infancia.
En pocas palabras: aumenta el gasto en salud en general, pero se niega a la niñez el beneficio de que se destinen más recursos para garantizar su derecho a la salud, lo que contraviene tajantemente los principios de interés superior de la niñez, máximo uso de recursos disponibles, progresividad y no regresión presupuestal.
Los programas con las mayores reducciones presupuestales para 2022 son clave para garantizar el derecho a la salud de niñas y niños menores de 6 años, como son “Atención a la Salud” del INSABI, que aumenta un 30% pero en la asignación para la Primera Infancia experimenta una brutal reducción de 91%; “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral” se incrementa un 4%, pero en la misma transgresión ética y legal tendría una reducción de 47%, y el “Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud” (FASSA), recursos para fortalecer los servicios de salud en los estados, aumenta 7% pero se proyecta una disminución de 19%. Esto resulta sumamente grave ante el deterioro en el ejercicio al derecho a la salud como consecuencia del lamentable incremento en la carencia de acceso a los servicios de salud.
Qué lejos queda Dinamarca de la realidad nacional: de acuerdo con la reciente medición multidimensional de la pobreza de CONEVAL, se identificó que la carencia por acceso a los servicios de salud en Primera Infancia tuvo el incremento más grave, donde prácticamente del 2018 al 2020 se duplicó la población de niñas y niños menores de 6 años sin acceso a los servicios de salud, al pasar de 17.6% a 31.2%. Lo que implica que 3 de cada 10 niños no tienen derecho a los servicios de salud y ante la eminente disminución en la asignación de recursos en esta materia para el ejercicio 2022 se estaría vulnerando aún más estos derechos.
Ante este escenario, el Pacto por la Primera Infancia ha llevado a cabo numerosos llamados propositivos en diversos espacios de Parlamento Abierto y de Comisiones Legislativas para reconsiderar las asignaciones presupuestales que dañan de manera específica a la niñez, así como señalar la urgente necesidad de priorizar los recursos y frenar la tendencia de baja representatividad en el gasto público.
Las recomendaciones expuestas por el Pacto por la Primera Infancia no tienen impacto presupuestal, toda vez que se refieren a que los programas en materia de salud afectados, se les restituya el mismo monto aprobado en 2021 e incrementarlos en el mismo porcentaje que aumentan en la previsión del proyecto de presupuesto para 2022.
El pasado 10 de noviembre dio inicio la discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto para el 2022 ante el pleno de la Cámara de Diputados, registrándose más de 1,900 propuestas de modificación, cifra histórica que retrata las preocupaciones sobre un presupuesto que deja de lado la atención de diversos problemas, principalmente en materia de salud y bienestar social.
Sin embargo, después de una maratónica sesión que culminó en la madrugada del domingo 14 de noviembre que incluyó más de 42 horas de discusión, el dictamen del presupuesto 2022 quedó en sus términos, sin moverle una coma, pese a los múltiples llamados para corregir estas graves asimetrías en la asignación de recursos públicos que vulnera el derecho a la salud de niñas y niños. Pésimo escenario se advierte para la niñez del país, ante la negativa de un bloque mayoritario de Diputados que falló en su obligación de representar y defenderla.
