En los últimos meses nos hemos enterado de hechos indignantes sobre la realidad que enfrentan muchas niñas y niños en su primera infancia en México. Ejemplo de ello es lo ocurrido en Veracruz, el pasado 18 de agosto, donde una niña de 4 años perdió la vida a consecuencia de los golpes propinados por su padrastro. Asimismo, en el Municipio de Benito Juárez, Cancún, dos menores de edad, de apenas 2 y 6 años, fueron golpeados también por su padrastro, lo que provocó la muerte del niño de 2 años.
Lamentablemente, estos no son casos aislados, la semana pasada se dio a conocer el caso de un niño de sólo 6 años, en Iztacalco, Ciudad de México, el cual expone una vez más el rotundo fracaso del sistema, pues a pesar de las múltiples denuncias de los vecinos sobre el maltrato que el niño sufría, la ayuda nunca llegó. El niño, quien vivía en condiciones de desnutrición y constante maltrato, falleció el pasado 10 de octubre tras ser golpeado por su padrastro.
En México, la magnitud del maltrato a las niñas y los niños en primera infancia es alarmante. Las estadísticas reflejan su gravedad: 2,388 niñas y niños menores de 6 años fueron asesinados entre 2010 y 2022, según el INEGI; y 5 de cada 10 niñas y niños menores de 6 años son sometidos a métodos de disciplina violenta, de acuerdo con la ENSANUT 2021. La violencia infantil cobra vidas y deja secuelas profundas en el desarrollo físico, emocional y psicológico de quienes sobreviven a estos abusos.
Desde el Pacto por la Primera Infancia hemos denunciado la falta de programas a gran escala destinados a proteger y prevenir la violencia contra la infancia en México e hicimos un llamado urgente a las autoridades a trabajar en políticas públicas que ofrezcan una protección integral y especializada a niñas y niños, así como programas que fortalezcan y apoyen a las familias que les cuidan.
La solución a esta problemática no recae en un sólo actor: es una responsabilidad conjunta que involucra al gobierno, las autoridades, madres, padres, cuidadores, y a la ciudadanía en su conjunto. No podemos seguir ignorando las voces de quienes no pueden defenderse por sí mismos. Necesitamos un cambio cultural donde las niñas y los niños sean vistos como sujetos de derechos. Urge implementar políticas públicas y programas específicos que protejan a la infancia, apoyen a las familias y prevengan la violencia desde su raíz.
Es necesario desnaturalizar el uso de la violencia como método de disciplina en la crianza y, al mismo tiempo, involucrar a la ciudadanía en la creación de una cultura de denuncia y protección, que promueva la seguridad y el bienestar de las niñas y los niños. ¿Qué programas de apoyo a las familias podrían ayudar a reducir la incidencia de maltrato infantil en México? ¿Qué cambios legislativos son necesarios para proteger mejor a las niñas y los niños frente al maltrato?
A continuación, recapitulamos algunas de las acciones muy concretas para erradicar el maltrato infantil que como colectivo hemos hecho a las autoridades federales, estatales y municipales: es esencial promover un cambio cultural que reconozca a las niñas y niños como sujetos plenos de derechos; es imperativo desnaturalizar la crianza violenta mediante la promoción de nuevas normas sociales y visiones que fomenten el respeto y la protección hacia la infancia; y realizar campañas de sensibilización que destaquen la importancia de los primeros años de vida y los beneficios de una crianza respetuosa, positiva, cariñosa y sensible.
Además, se deben implementar programas enfocados en el desarrollo de competencias parentales, como visitas domiciliarias, talleres de manejo del estrés, técnicas de disciplina positiva y escuelas para padres. Aprovechando la infraestructura existente (como programas de apoyo alimentario, servicios de salud, educación preescolar y centros de atención infantil) es posible escalar estas iniciativas de manera rápida y efectiva, asegurando un mayor impacto a bajos costos.
Es crucial que las familias tengan acceso a estos programas desde el primer momento que entran en contacto con el servicio público y que se monitoree su cobertura de forma permanente. También se deben establecer mecanismos de detección temprana de factores de riesgo en hogares con niñas y niños menores de 6 años. Esto permitiría crear rutas de atención integrales y dar un seguimiento individualizado para mitigar los riesgos y prevenir tragedias futuras.
Es vital impartir permanentemente talleres de sensibilización, prevención, detección y atención de casos de violencia y abuso sexual dirigidos a madres, padres, tutores, cuidadores, trabajadores sociales, personal de salud y docentes, adaptados a diferentes niveles de educación y a las necesidades de la comunidad. Paralelamente, se deben desarrollar en los servidores públicos de instituciones que trabajan con niñas y niños en primera infancia las competencias necesarias para crear espacios de seguridad que permitan la conexión emocional positiva y apoyen su desarrollo y bienestar.
Difundir ampliamente la prohibición legal del castigo físico, degradante y humillante, así como dar a conocer, por medios accesibles para niñas y niños, los mecanismos de protección y recursos de ayuda para víctimas de violencia, como la línea 911. Además, es necesario revisar y actualizar la legislación sobre violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se deben fortalecer y promover los protocolos de detección y atención de señales de violencia en entornos como estancias, escuelas y el hogar.
Si permitimos que la violencia sea una realidad cotidiana, estamos fallando como sociedad. Estamos fallando como país. El llamado a la responsabilidad colectiva es urgente: necesitamos políticas efectivas que garanticen la seguridad y el bienestar de las niñas y los niños en primera infancia en México.
